Familiares de uno de los policías de San Martín Texmelucan detenidos hace un mes por supuesta usurpación de funciones acusaron que hay irregularidades en el proceso, pues no tendría que estar en prisión, además de que podría tener un trasfondo político.
En entrevista con este medio, un familiar de uno de los detenidos, que prefirió la gracia del anonimato por temor a represalias, manifestó que, el 2 de mayo que el gobierno estatal montó el operativo en la comandancia, su familiar estaba laborando en una junta auxiliar del municipio, por lo que le pidieron que llegara a las oficinas municipales.
Alrededor de la 1 de la tarde –después de seis horas del operativo– su familiar llego a la comandancia, donde a él y sus compañeros se los llevaron a la academia de Chachapa con mentiras, pues solo les dijeron que se irían a ver lo de las pruebas de control de confianza y después regresarían.
Sin embargo, en lugar de retornar a San Martín Texmelucan los mandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde –dijo—solo que tenían que haber estado máximo 72 horas, pero los trasladaron al penal de Tepexi de Rodríguez.
Recordó que en la primera y única audienciaque se ha llevado a cabo (6 de mayo), el juez determinó dejar libres sólo a tres hombres y dos mujeres, de los 113 detenidos argumentando que a los otros eran de “alto riesgo” para la sociedad.
Incluso mencionó que, como parte de la investigación, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a su casa para pedir información, pero en la evaluación que ponen las autoridades pusieron que no y que, aunque tocaron, nadie salió, lo cual reprobó, pues siempre afirmó que han estado al pendiente del tema.
Si bien dijo que, de acuerdo con los abogados que contrataron, la usurpación de funciones conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal es un delito, no es grave, por lo que va de dos meses a 2 años de prisión, lo que significa que alcanza fianza, lo cual no están tomando en cuenta.
Hay responsabilidad de Comuna, afirman
A lo anterior, agregó que las autoridades estatales no están tomando en cuenta la responsabilidad del ayuntamiento texmeluquense, pues este tiene un oficio en el que afirma que, para los elementos que entren a vialidad o tránsito, no se requiere las pruebas de confianza.
No obstante, señaló que esto contraviene con lo que marca el Código Policial del gobierno del estado que estipula que todas las personas que formen parte del cuerpo de seguridad de los municipios deben acreditar dichos exámenes.
Pese a ello, sostuvo, el ayuntamiento a cargo de Rafael Núñez Ramírez cada vez que emite una convocatoria para el ingreso de nuevos agentes, resalta que no se necesitan las pruebas de control de confianza.
“El municipio dice que no, pero el estado dice que sí, aquí es un tema que muchos lo ven político, porque es un delito que no rebasa los 2 años de prisión, por lo que alcanza fianza, pero eso no están tomando en cuenta", pronunció.
Refirió que de los más de 130 elementos detenidos, el 50 por ciento tenía menos de un año de haber ingresado, entre ellos su familiar que era agente de tránsito y llevaba tres meses trabajando, mientras que el resto es personal tenía hasta 15 años laborando.
Agregó que en la primera declaración que dio el edil de la demarcación, dijo ante los medios que sólo metía las manos al fuego por el comisario y director de los policías, pero no por el resto de los elementos.
Edil no ha dado la cara
Criticó este hecho, ya que, aseveró, cuando Núñez Ramírez mandaba a los uniformados a cuidar su zapatería tenían que hacerlo y ahora que necesitan el apoyo no los ayuda, pues tampoco ha “dado la cara” a los familiares.
Y es que, dijo, supuestamente los habían citadopara que los atendieran después de una sesión de Cabildo a las 3 de la tarde, pero cambiaron el lugar con tal de que no lo cuestionaran, aunado a que el día que detuvieron al regidor de Gobernación, Marco Antonio Cruz Ávila, el alcalde “salió corriendo”.
Asimismo, aseveró que en un principio la Comuna dispuso de un buffet de abogados de la capital del país para que atendiera el caso de los policías, pero “no vimos avance”, por lo que recurrieron a contratar a otros por su parte.
En ese tenor, manifestó que le solicitaron al ayuntamiento texmeluquense, a través de un oficio, que pagara los honorarios de los litigantes, pero el municipio se negó argumentando que no podía porque al ser contratados por particulares, la ley no se los permitía.
De igual forma, acusó que en un principio se había comprometido con apoyarlos con los recursos para el traslado a Tepexi de Rodríguez tres veces a la semana, pero al final sólo lo hace para dos días, y el resto corre por cuenta de los particulares, cuyo tiempo de traslado es de 3 horas.
Por lo anterior, pidió al gobierno del estado agilizar la investigación, pero que sea verídica,y no que digan cosas que no son, “pues muchos, si no es que todos”, fueron contratados con consentimiento del presidente municipal.
Y es que el 2 de mayo, el gobierno de Puebla asumió el control del municipio, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegó a la comandancia para investigar a los efectivos y personal como consecuencia de los recientes hechos delictivos, como la aparición de nueve cuerpos desmembrados en los últimos días, así como el incremento en las ejecuciones y las narcomantas colocadas en diversos puntos donde se advierte de la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
